Presupuesto Nacional Argentino... ¿Ley de Leyes?

Muchos funcionarios defienden el proyecto de ley que, de ser aprobado, permitirá al Jefe de Gabinete modificar las asignaciones de partidas del presupuesto nacional, de manera permanente y sin consulta alguna al Congreso Nacional.

Y la población en general no comprende la gravedad institucional de esto.

Porque los especialistas en derecho constitucional definen al Presupuesto Nacional como “la ley de leyes”.

Esto es así, porque importan muy poco las leyes que sancione el Congreso de la Nación si, a la hora de ser implementadas, no cuentan con las partidas correspondientes dentro del presupuesto de gastos que, todos los años, debe aprobar ese cuerpo legislativo.

Para dar un ejemplo sencillo... Es inútil sancionar una ley para combatir el SIDA si, al mismo tiempo, no se prevén los fondos necesarios para su ejecución, dentro de las partidas correspondientes al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación.

De igual manera, es una mera declaración de buena voluntad sancionar una ley ordenando mejoras en los salarios de los docentes si, al mismo tiempo, no se anticipan esas erogaciones al sancionar la ley anual del presupuesto nacional.

Queda claro, entonces, que la Ley del Presupuesto Nacional es la ley que permite o impide que las otras leyes puedan ser ejecutadas y, por ello, es que se la llama, también, “la ley de leyes”.

Con esta propuesta del Poder Ejecutivo Nacional, el Congreso de la Nación se transformará en una sala de teatro donde se pondrá en escena una carísima obra de ficción donde sus actores, los diputados y senadores, fingirán estar preocupados por determinados problemas del país y sancionarán leyes que, presumiblemente, deberían atender a la solución de esos problemas.

Pero, si se aprueba esta ley, el Jefe de Gabinete podrá, a su antojo y sin pedir autorización al Congreso, cambiar el destino de las partidas aprobadas por dicha ley y destinadas al cumplimiento de otras leyes específicas.

De esta manera, no importará cuantas leyes haya sancionado el Poder Legislativo Nacional ni qué fondos haya previsto para su cumplimiento, porque la puesta en práctica de estas leyes quedarán supeditadas a la voluntad del Jefe de Gabinete, quien podrá desfinanciar un área del Estado para asignar esos montos a otras áreas que considere más convenientes.

Nótese que no estoy acusando de mala fe o de presunta corrupción a los funcionarios involucrados en forzar la sanción de esta ley.

Sólo estoy señalando que, de esta manera, dejaremos de ser una república donde los representantes del pueblo, es decir el Congreso Nacional, son quienes deciden el destino de los dineros del Estado Nacional.

Porque, por este proyecto de ley, se transformará en una ficción el Art. 75, Inc. 18 del la Constitución Nacional que dice que es atribución del Congreso: “Fijar anualmente... ... el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión.”.

Esto es así, porque lo que pudieran fijar por la Ley del Presupuesto los senadores y diputados será, en realidad, “papel mojado”, ya que todo eso podrá ser modificado a gusto del Jefe de Gabinete, que es lo mismo que decir “a gusto del Presidente Kirchner”.

Y, por la misma razón, el Congreso deberá “aprobar la cuenta de inversión”, sin discusión posible, salvo que se trate de un grosero caso de malversación de fondos o de peculado.

De esta manera, los resortes de la economía argentina pasarán del Congreso al Poder Ejecutivo y, nos habremos transformado, en los hechos en una dictadura al mejor estilo latinoamericano, donde los dictadores eran electos y reelectos, todas las veces que lo deseaban, y hacían y deshacían a su antojo porque contaban con el manejo discrecional de “la caja del Estado”.

Aprobada esta ley, el Congreso será, en realidad, “un teatro” donde sus “actores”, los representantes del pueblo, representarán todos los días una ficción republicana, es decir que fingirán que controlan al Ejecutivo, aún cuando ésto sea falso.

Porque, en los hechos, no podrá haber ningún control de las posibles discrecionalidades del Poder Ejecutivo por esta delegación de poderes a perpetuidad a los que la oposición política define, adecuadamente, como “superpoderes”.

Nótese que, en ningún momento, he supuesto una voluntad de corrupción en todo esto, pese a que, a la luz de la historia de Kirchner, es perfectamente factible.

Porque la discrecionalidad es una característica de nuestro presidente, lo que queda demostrado en el oscuro manejo de los fondos de la Provincia de Santa Cruz, cuyo destino total aún es incierto.

Y porque el Presidente ha colocado en un vital cargo, en la Sindicatura general de la Nación a una funcionaria, la Dra. Alexandra Minnicelli, que, oh casualidad, es esposa del ministro Julio De Vido, el más controvertido del gabinete ministerial, que maneja una porción importante del presupuesto de la Nación y a quien la diputada Elisa Carrió ha acusado reiteradamente como “el cajero de Kirchner”.

Para que se entienda la desprolijidad de esta designación cabe aclarar que, en el año 2003, el Director de Investigaciones en el ejercicio de las funciones de Fiscal de Control Administrativo de la Oficina Anticorrupción, le ordenó a la Dra. Alessandra Minnicelli que se abstenga de “... intervenir en todos todas aquellas cuestiones o temas concernientes al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a los efectos de aventar posibles influencias que pudieran afectar la objetividad de sus decisiones, debiendo delegar – para tales supuestos- el ejercicio regular de su cargo en la Sindicatura General de la Nación...”.

Hoy, los argentinos se quejan por las innumerables leyes que aprobó el Congreso desde que volvió la democracia y que llevaron a la Argentina a la crisis que hizo caer al gobierno de De la Rua.

Por supuesto, en ese momento, pocos advertían lo peligrosas que eran esas normas como, hoy, pocos advierten las consecuencias de este proyecto de ley que marcará el futuro de la Argentina y por el que, más adelante, otros argentinos deberán quejarse amargamente.

Y, como muestra de ello, están las palabras del Jefe de Gabinete quien sugiere “que hay que blanquear definitivamente la situación” y legalizar esta transferencia de atribuciones del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, añadiendo que las leyes no pueden ir contra esta realidad consistente en el avasallamiento del Congreso, consentido por los diputados y senadores, sin tener en cuenta el daño que hacen al país.

Con ese criterio, la ley no debería ir contra los violadores y debería aceptarse la realidad de que ellos existen y tolerárselos, sin tener en cuenta el daño que hacen a otras personas.

Es por ello que, si siguen estas “mañas kirchneristas” la Argentina se parecerá, cada vez más, a una republiqueta bananera como lo fue la Nicaragua de “Tachito” Somoza o el Paraguay de Alfredo Stroessner, donde, tras la ficción de una república –porque habían sido reelectos a repetición- había una dictadura desembozada.

Para finalizar, debería analizarse si esta norma no cae bajo la figura de “traición a la patria” prevista por el Art. 29 de la Constitución Nacional por la que “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional. facultades extraordinarias... ...por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos quede a merced de persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.